Exitoso Operativo de Represión y Torturas

LUIS AGÜERO WAGNER- El ministro del Interior de Fernando Lugo, Rafael Filizzola, dijo que el operativo policial-militar en San Pedro “aumentó la presencia del Estado en ese departamento” y constituyó “un éxito”.

Al mismo tiempo, el obispo Fernando Lugo afirmó que en base a este “ëxito” otros operativos similares podrían realizarse en otros puntos del interior de Paraguay.

www.lanacion.com.py/noticias-229378.htm

Filizzola también citó una encuesta que afirma que el 77% de la población de la Capital dijo conocer el operativo, mientras que el 86% de los encuestados “se manifiesta de acuerdo y muy de acuerdo”, algo normal en un país con tradición autoritaria donde hasta ahora se desconocen los beneficios de la democracia.

NEGANDO LOS HECHOS, IGUAL QUE LA DICTADURA

Aplicando la misma estrategia de la policía política del dictador Stroessner, el gobierno del obispo Fernando Lugo, que ha desatado una guerra contra los campesinos paraguayos, niega que los campesinos sean torturados en San Pedro, o los acusa de ser delincuentes comunes. Las imágenes, cuyo valor supera a las palabras, dicen lo contrario. Ver:

www.democraticamente.com/judiciales/foto_de_los_restros.html

Es conocido que el Departamento de Investigaciones que dirigía el temible Pastor Coronel, negaba la existencia de torturas, acusaba a los presos políticos de ser delincuentes comunes o directamente afirmaba no conocerlos.

Cuando en Septiembre de 1976 los detenidos por el caso de la OPM que atiborraban el Departamento de Investigaciones fueron trasladados al campo de Concentración de Emboscada, Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba no salieron con vida de Investigaciones. Por alguna razón que no quedó registrada, una orden superior ordenó eliminarlos.

Posteriormente la policía afirmó que los detenidos jamás pasaron por el tenebroso organismo de la represión estronista.

Octavio Rubén González Acosta, detenido en noviembre de 1975, sufrió el mismo destino. En octubre de 1976 Pastor Coronel respondió a un requerimiento de Amnesty International asegurando que González Acosta “no resgistra antecedente en esta Dirección”.

Las conspiraciones y guerrillas que sólo estaban en la imaginación del tenebroso jefe de la policía política estaban a la orden del día, para detener opositores al régimen, como hoy los opulentos sojeros brasiguaos acusan con el dedo en forma atrabiliaria a los dirigentes campesinos que les molestan, para que sean detenidos y torturados en San Pedro por los subordinados del ministro Rafael Filizzola.

Todo el aparato de propaganda de la dictadura: ABC color de Aldo Zucolillo, vinculado al Plan Cóndor y la secta Moon, o Radio Ñandutí, propiedad con la que se quedó el animador de los cumpleaños de Stroessner Humberto Rubín, se mantiene intacto para negar o desviar la atención con respecto a la salvaje represión que ha convertido San Pedro en un gran Abu Ghraib. Y es más, un periodista de ABC color vuela en un helicóptero militar supervisando las batidas militares-policiales que afectan a los líderes campesinos, con una lista de “rebeldes” proveída por sojeros y ganaderos en la mano.

Por una casualidad muy casual, se trata del vástago de un conocído policía de la etapa más sangrienta de la dictadura, Alcibiades Gonzalez Delvalle.

La Prensa oficialista del obispo Fernando Lugo, la misma que hizo de propagandista del dictador Stroessner, ha reemplazado en el “nuevo” Paraguay a la Policía Política.

OÍDOS SORDOS AL CLAMOR DE VÍCTIMAS

Haciendo oídos sordos al clamor de los humildes, el obispo Fernando Lugo ordenó a su ministro del Interior que siga con la represión selectiva de dirigentes campesinos.

Una persona sensible se hubiera conmovido con estas fotos de rostros destrozados por la tortura, pero sabemos que eso no conmueve a quien llegó al poder con el respaldo de la embajada norteamericana, los seguidores de Stroessner, falsos empresarios neoliberales y la Secta Moon.

Poco importaron las fotos de Juan Ramón González, el campesino muerto el domingo en Chino Cue, distrito de Itakyry, tras ser salvajemente torturado, según su abogado Pedro Vera y familiares del agricultor.

A pesar de la evidencia de estas fotos, que pueden probar a cualquier persona que fue sometido a una brutal golpiza y otros maltratos ante de ser ultimado, el fiscal Ángel Aveiro de Minga Pora descartó la tortura y dijo que fue muerto por un disparo en la espalda con orificio de salida en el pecho, durante un enfrentamiento con la policía.

Este es el tipo de “investigación” que el obispo Fernando Lugo ordenó que se sigan llevando adelante, mientras sigue la represión y el llanto en San Pedro, donde los humildes se encuentran atrapados entre el terrorismo de estado y los agrotóxicos.

¿Hace Falta agregar más?

Ah, casi me olvidaba…No hace muchos meses la misma ONU certificó ante el mundo que en Paraguay se tortura, pero el ministro Filizzola y su aliada, la prensa de Stroessner, hoy dicen que la tortura se terminó para felicidad de todos los paraguayos

TORTURAS EN EL OBISPADO DE LA VERGUENZA

Mientras se denunciaban torturas en San Pedro, la ministra de la función pública del obispo Fernando Lugo, Lilian Soto, era increpada por funcionarios de la presidencia, por el grave estado de salud de un empleado despedido.

“Estamos peor que la dictadura” increpó el sindicalista. Un huelguista de hambre sufrió una descompensación y tuvo que ser derivado a un centro asistencial. Los sindicalistas afirman que la ministra no hizo absolutamente nada por evitar los despidos ilegales, sin sumario.

Han quedado sin trabajo en el lapso inclusive discapacitados y embarazadas.

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SE PRONUNCIAN CONTRA EL TERROR EN SAN PEDRO

Desde Buenos Aires, víctimas de la dictadura en el exilio enviaron el siguiente pronunciamiento:

Buenos Aires, 13 de enero de 2009

Exigimos, a las autoridades que retiren inmediatamente a los militares del departamento de San Pedro, Paraguay y que se ponga fin al vergonzoso operativo Jeroviaha en el marco de la revitalizada Doctrina de Seguridad Nacional que ya lleva el asesinato de Martín Ocampos Páez y torturas a otros miembros de la Organización Campesina del Norte ( OCN ). Exigimos, así mismo que se abra una comisión investigadora de la actuación del Ministerio Público en el caso del ataque contra el destacamento militar de Tacuati, departamento de San Pedro en Paraguay. No es nuestra función afirmar ni negar la existencia real del Ejército Popular Paraguayo ( EPP ), pero si denunciamos al régimen de ultra derecha, que aprovecha este ataque al destacamento militar con el objeto montar una campaña para criminalizar a los luchadores populares, intimidar y aterrorizar a la población campesina, militarizar el campo, detener la lucha por la tierra para beneficio de los latifundistas y sojeros en el marco de las exigencias de las políticas imperialistas de EEUU y sus empresas como Monsanto. Repudiamos al fiscal general Candia Amarilla instruido en Colombia por el terrorismo de estado de Uribe, quien destruyendo todas las garantías, entre ellas la presunción de inocencia criminaliza toda la población declarando que “estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores.” ( La Nación 5 – 1 – 09. ) Exigimos que se deje de aplicar el Plan Colombia. Los ataques contra la Organización Campesina del Norte ( OCN ) están reñidos con toda garantía a los DDHH. Alcides Martinez uno de los liberados de la OCN denunció que fuimos ” salvajemente torturados. Nos pusieron un hule negro por la cabeza hasta casi asfixiarnos. Nos daban golpes en la oreja. Casi nos estrangularon. Pero sabían hacer muy bien, sin dejar marcas. Querían hacernos confesar que somos miembros del grupo guerrillero, y que fuimos nosotros los que atacamos el destacamento” ( Ultima Hora 13 – 1 – 09. ) El obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, ratificó que los campesinos fueron torturados ( ABC 13 1 09. ) Agregó que Néstor Fernández, no aguantó y firmó un documento. ( La Nación 13 1 09 ) Exigimos al gobierno de Lugo que retire inmediatamente al Ejército Paraguayo de San Pedro. Que abra una instancia de investigación y que se castigue a los culpables de estas violaciones a los DDHH, que se renueve el poder judicial en especial el Ministerio Público. Nos solidarizamos con los familiares de Campos Paez y con las víctimas de la tortura de Tacuatí, departamento de San Pedro.

¡ Libertad a todos los presos políticos !

Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires

Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Secretaría Internacional -.

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El siguiente corresponde a CODEHUPY:

Con los mismos fiscales y policías inoperantes buscan capturar a los delincuentes de San Pedro y Concepción

San Pedro y Concepción están militarizados. Supuestamente fueron allí para dar seguridad a la población cerca de mil efectivos militares y otros cientos policiales. Varios fiscales y asistentes fiscales fueron también para garantizar la regularidad de las actuaciones. Conozco a dos de los comisionados: Ninfa Aguilar y Joel Paredes, ambos de Santa Rosa del Aguaray, en cuyas unidades fiscales envejecen “sin novedad alguna” denuncias de campesinos por torturas, detenciones ilegales, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, son bastante ágiles a la hora de procesar, detener y encarcelar a campesinos que reivindican derechos tan fundamentales como el ambiente sano o el acceso a la tierra.

Los pedidos de detención o prisión que realizan ni siquiera están fundados como exige la ley, pues la Constitución Nacional estableció la excepcionalidad de la prisión preventiva. Al repasar sus resoluciones, al menos en las carpetas donde me tocó intervenir (las tengo a la vista), se nota que no conocen los principios constitucionales del derecho penal o no les importa. Recurren a formularios, frases hechas, para decir que tal o cual es peligroso o que incluso se va a fugar. Piden prisión.

Otra dato. Ambos vivían, al menos hasta hace un mes, en un hotel de Santa Rosa (el más caro). Ganan cerca de nueve millones (1.500 USD aproximadamente). ¿Será que las Fiscalía mantiene así a sus funcionarios/as y que aún no me he informado? ¿O es que es tan rentable ser fiscal en la zona…? por el bajo costo nivel de vida, aclaro.

Ayer cuando recibía la denuncia de tortura a Crispín y Américo Fernández me dio rabia e impotencia. Respiré profundo y me comuniqué con Ninfa Aguilar. Primero me habló que tuvo un día muy tenso y cansador (en otras ocasiones me había dicho que sus derechos humanos también eran violados porque le exigían trabajar demás); luego que tomó las declaraciones en condiciones muy precarias, iba seguir hablando, contándome lo mucho que laburó, pero cuando le preguntó si registró la denuncia de tortura que a la que le sometieron a Crispín y Américo, me cambió de tema y salió con que estaba con la presión alta.

Le insistí que solamente quería saber si recibió o no la denuncia de tortura y qué acciones tomó ante la situación. Ahí me dijo que un médico la estaba atendiendo y que estaba con la presión muy alta… Dejo de hablar al teléfono unos minutos… finalmente cortó la comunicación.

No me extraña la actitud de Ninfa Aguilar, porque no es la primera vez que se desentiende de denuncias hechas por campesinos o campesinas víctimas del mal funcionamiento del aparato judicial paraguayo. Pero che mo renegá, la desfachatez con que actúan; y que las nuevas autoridades nos presenten como los que van a “poner orden en la zona norte”. Y que sea el mismo Rafael Filizzola (ministro de Lugo, a quien voté), diga que “para nosotros el resultado es sumamente positivo (ABC, 12/01/09), refiriéndose al operativo policial-militar que atemoriza a varios pobladores y pobladoras de San Pedro y Concepción.

Ninfa Aguilar, Joel Paredes, Dora Irrazábal, Guillermo Ortega son los mismos fiscales que desde hace años están trabajando en la zona. Los primeros en Santa Rosa (San Pedro) y los otros en Horqueta (Concepción). ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se hayan dado cuenta que existían redes de criminalidad organizada en su zona? ¿Que ahora como por arte de magia, lo descubrieron? Bastaría con hacer un control a sus carpetas fiscales para concluir que son inoperantes o complacientes con las bandas de criminales que existen en la zona. (Ha’ekuéra la he’íva) A lo sumo tienen investigaciones por homicidios, robos vagatelarios; eso sí, tienen cientos de investigaciones por cierres de ruta, ocupaciones, manifestaciones, eré erea.

¿Es con estos fiscales que se va a lograr detener a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes, rollotraficantes que existen en la zona?

Filizzola por su parte sigue confiando en policías como Ricardo Chaparro, jefe de la Comisaría de Horqueta, este es el mismo a quien como abogado de CODEHUPY denuncié ante la fiscalía de Horqueta y ante la Justicia Policial por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra mujeres, niños/as y campesinos de Calle 6, distrito de Horqueta, en junio pasado. Ya estamos en el gobierno de Lugo; administración de Filizzola en Interior. ¿Y qué paso? Hasta ahora nada, apenas un raído sumario administrativo.

Tres campesinos ejecutados en la era Lugo. Filizzola: “Ministro progresista”

¿Qué cree este Filizzola? ¿Qué somos tontos? Ante la muerte de Martín Ocampos, el tercer campesino ejecutado en la era Lugo, vuelve a decir pomposamente: “Queremos llegar al fondo” (ABC, 13/01/09). Lo mismo dijo cuando ejecutaron a Bienvenido Melgarejo, el 4 de octubre de 2008, en Puerto Indio. ¿Dónde están los resultados? ¿Cree que sufrimos de amnesia? El domingo 11 de enero también fue ejecutado Juan Ramón González, dirigente de Itakyry. En Codehupy registramos más de 80 campesinos ejecutados y/o desparecidos desde 1989. Cambió el gobierno. Las muertes siguen. Un progresista hína el ministro del interior.

Este mismo ministro progresista declaró tras la muerte de Ocampos: “Comprobamos que tenía vinculación con grupos delictivos” (ABC, 13/01/09). ¿Se debe entender que la vinculación con grupos delictivos da permiso para matar?

Policías y militares torturan a campesinos en la zona de Tacuatî

Militares y policiales destinados en la zona de Tacuatî, supuestamente para combatir el crimen organizado, torturan a los campesinos detenidos, según el relato de las víctimas que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Entre los torturados se encuentra Alcides Martínez, quien aún sigue detenido, Crispín Fernández y Américo Fernández, quienes fueron puestos en libertad el lunes 12 de enero, en horas de la tarde.

De acuerdo al relato de Crispín Fernández, tras ser detenidos alrededor de las 13:00, el domingo, fueron llevados a un destacamento militar en Tacuatî, donde fueron encerrados en un calabozo. Luego, ya entrada la noche fueron retirados uno a uno del calabozo, se les vendó los ojos; y, llevados a unos metros del lugar.

En el lugar fueron desnudados ante la presencia de efectivos militares y policiales. Con intervalos de una hora aproximadamente se les cubría la cabeza con bolsas de plásticos para darles la sensación de asfixia; luego le apretaban los testículos. Al mismo tiempo les exigía que involucren a algunos dirigentes campesinos en la quema del destacamento militar, ocurrido el 31 de diciembre de 2008, entre ellos, Demetrio Alvarenga.

Amenaza de abuso sexual

Como pasaba el tiempo y los perpetradores no conseguían que involucrasen a los dirigentes campesinos en la quema del destacamento, fueron obligados a ponerse de cuatro, amenazándoles que le introducirían en el ano, una linterna de tres pilas.

El lunes 12, en horas de la tarde, fueron llevados ante la fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Ninfa Aguilar, quien les tomó una declaración. Cuando la fiscal les preguntó si efectivamente Demetrio Alvarenga era el responsable de la quema del destacamento militar, como habían dicho la noche anterior, denunciaron que realizaron tales manifestaciones tras sesiones de tortura.

Fiscala negó responder sobre tortura a campesinos por presión alta

Cerca de las 21:30 del lunes 12, miembros del equipo jurídico de la Codehupy recibieron las primeras informaciones sobre la tortura a Crispín y Américo Fernández; y, Alcides Martínez. Inmediatamente solicitó protección para Martínez (aún detenido en Tacuatî), vía telefónica, al viceministro de asuntos internos Carmelo Caballero, quien manifestó que aún no conocía de las denuncias; y, que solicitaría información a los uniformados destinados en la zona.

Luego a las 22:11, el abogado Juan A. Martens, conversó, vía telefónica con la fiscal Ninfa Aguilar, poniéndole al tanto de la denuncia recibida. La fiscal reconoció que tomó declaración a los Fernández en horas de la tarde, cuando se le insistió la tortura denunciada ante ella, la misma se negó a responder. Alegó que tenía problemas de presión alta por lo que no negó, ni afirmó que recibió las denuncias de tortura de los campesinos. Repetía insistentemente que tomó la declaración, en precarias condiciones, en una vivienda humilde; y, que para conocer más debíamos acercarnos a la fiscalía. Ante la insistencia de si recibió o no la denuncia de tortura dejó de responder; luego cortó el teléfono.

Ejecución extrajudicial de Martín Ocampos

En la tarde del lunes 12, también fue asesinado por sicarios el dirigente campesino de la OCN, Martín Ocampos, en la Colonia Hugua Ñandu, donde según constancias de la CODEHUPY, entre 1989 y 2005, fueron asesinados 12 campesinos en la lucha por la tierra.

Por otro lado, se recibió información de vecinos de la zona que daban cuenta de la extrema violencia policial-militar en las distintas intervenciones que realizan.

Policías y militares incapaces recurren a la tortura

La tortura es un medio ineficaz, inhumano e ilegal de investigación. Su uso sistemático por parte de la Policía paraguaya también fue relevado y denunciado por el relator de NNUU, contra la Tortura, Nanfred Nowak, en noviembre de 2005. Hoy se suman las fuerzas militares, en un gobierno que se espera defienda la dignidad humana.

El relato de estos campesinos demuestra que policías y militares sin preparación para una investigación real recurren a la tortura para incriminar a cualquier persona, sin importarles la verdad y dejando intacto, los mecanismos de corrupción, que construyen la situación que el pueblo sufre en esa zona del país.

Juan A. Martens.

Juan A. Martens Molas, Abogado
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY

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LAS FOTOGRAFÍAS PRUEBAN LAS TORTURAS Y BRUTALIDAD DEL GOBIERNO DE LUGO

Las fotografías de campesinos torturados, que valen más que un millón de palabras, dejan en absoluto ridículo al ministro del Interior del Obispo Fernando Lugo, Rafael Filizzola.

Tarde o temprano, la verdad sobre el “cambio” en Paraguay tenía que salir a luz, y llegó el día.

Como acompañamiento a los registros gráficos, llegó esta carta dirigida al médico que certificó de manera contundente las torturas:

Estimado Dr. Joel Filartiga

Fue un placer conocerte y acompañarte, como testigo en la inspección médica que realizaste. Como mencionaste, la técnica del hule es la utilizada en la campaña antiterrorista en los EE.UU., contra poblaciones de origen árabe, según denuncias obrantes en la ONU; estos militares, en nuestro país, lo hicieron tan torpemente que dejaron rastros sumando otros maltratos que, como viste, son evidentes. Manfred Nowak en noviembre de 2005 ya había informado que la policía usa sistemáticamente la tortura en Paraguay; ahora se suman de nuevo los militares, conforme el relato de estos compañeros campesinos y estos rastros que hemos constatado.

A quien me toca, le señalé, con cuanta precisión te dirigiste a examinar y describir las lesiones y rastros de tortura física que conforme pudimos interpretar son coherentes con los relatos brindados por estos compañeros campesinos inspeccionados. De nuevo agradezco el apoyo que les brindaste y el diagnóstico que tendrás dispuesto al servicio del sistema de justicia. Nosotros exigiremos que el sistema penal funcione y emita el mensaje que corresponde ante este caso.

Te informo que compañeros/as de la CODEHUPY están recorriendo la zona y buscando otras evidencias de tal manera a tomar una posición jurídica y políticamente coherente con la defensa de la dignidad humana. Apenas tenga los datos de campo, te los daré a conocer para que manejes informaciòn verás y confiable.

Vuelvo a reflexionar que, conforme a los datos objetivos que hasta ayer manejabamos, no existe responsabilidad penal en el Presidente de la República, en contraposición de lo que algunos mencionaron en la conferencia de prensa. La responsabilidad política de los demás actores es una cuestión que debemos exigir al presidente Fernando Lugo.

Lamento que estos hechos se den bajo un gobierno que surgió de la esperanza en construir una sociedad menos excluyente y viable para un desarrollo humano integral; en lo personal, creo que Lugo y la Alianza de los que queremos una patria libre debe fortalecerse para que avancemos en el camino que nos propusimos ese 20 de abril.

Creo que la esperanza es poner garra, sentimiento y acción inteligente en procuras de lo bello que anhelamos; no es esperar pasívamente que se den mágicamente los cambios que deseamos. Los oligarcas retardatarios buscarán, con todos los medios legales y extralegales impedir el cambio de la situación extructural que sostiene sus privilegios; ciertamente, la conciencia de este condicionante político no impedirá que rechacemos la tortura, solicitemos la punición de los responsables y que inmediatamente se corrijan los errores cometidos, lastimando de nuevo a los más débiles. Gracias por prestarle la atención que se merezca a esta pequeña reflexión que comparto en el marco de la solidaridad que me despertás en la larga lucha que llevaste en favor de una sociedad en libertad y donde la mostruosidad no quede impune.

Acompaño las fotos obtenidas en ocasión de la inspección realizada, espero que te sean útiles. Las fotos corresponden a Crispin Fernández, Americo Fernández Romero y Alcides Martínez.

Abg. Roque A. Orrego
Director Ejecutivo
INECIP-Py

C.C.: Pilar Royg. - Secretaria Ejecutiva de la CODEHUPY
Marcos Kohn - Presidente de INECIP-Py
Martín Almada - Premio Nobel Alternativo de la Paz
Juan Martens - Coordinador del Área de Acceso a la Justicia de INECIP-Py