FERNANDO LUGO: LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES

FERNANDO LUGO: LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES

ENTREVISTA DE MILENIO AL DR. JORGE ERDELY



Para el investigador, en nuestra transición democrática hay una área que no ha sido sujeta al escrutinio público: así como se cuestiona la corrupción, los partidos o el Ejército, debe haber una acción de la sociedad civil y los medios contra los abusos de la Iglesia.

Al admitir que hay abusos sexuales en el clero, la jerarquía católica mexicana está reconociendo que hay delincuentes en la institución que deben responder penalmente ante la autoridad civil, afirmó el teólogo Jorge Erdely, director del Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México (CIICM).


Y sentenció: “Si las autoridades católicas se resisten a revelar los nombres de sacerdotes pederastas, no sólo se está negando la posibilidad de proteger y atender a los niños que han sido víctimas de abusos, sino que incurren en el delito de encubrimiento”.

El especialista, autor del libro Pastores que abusan, se refirió a las declaraciones que emitió el miércoles pasado el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, quien aseguró que los casos de abuso sexual donde se involucra a sacerdotes “se mantienen en reserva porque no pueden hacerse públicas las cifras”.

¿En México deben divulgarse los nombres de sacerdotes pederastas, tal como ha ocurrido en Estados Unidos?

Desde luego. Y no sólo para brindar atención a los niños que han sido abusados sexualmente. El problema más trágico e inmoral no es que se haya dañado a una persona, sino que se deje libre a un criminal sin que la gente sepa con qué clase de sacerdotes está tratando. Se deben publicar los nombres y decir de qué parroquia son para que los feligreses tomen precauciones y la autoridad civil tome cartas en el asunto.

¿Hacen falta reformas legales?

Uno de los grandes problemas es que la Ley de Cultos, expedida hace 10 años, no tiene reglamento. Es decir, no hay lineamientos para sancionar este tipo de conductas. Todo se resolvería si se aplicara el principio de que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, pero las sotanas no son tratadas igual ante un tribunal.

¿Cómo explica la inacción de la autoridad civil?

Es que el gobierno sí conoce estos delitos. No tengo datos de la presente administración, pero en gobiernos anteriores era claro que sabían de la situación. No ejercen acción penal porque prefieren utilizar esta información para negociaciones políticas. Cuando la Iglesia empieza a presionar o ataca a algún funcionario público, la información sobre abusos sexuales es usada para contener a los curas. Al final, los únicos perjudicados son las víctimas, que no reciben ningún tipo de asistencia.

¿Sabe de algún caso específico?

Acuérdate del caso del nuncio apostólico Girolamo Prigione. Nunca se procedió contra él cuando se descubrió que vivía en amasiato con la monja Alma Zamora. Esa información estaba en la oficina de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pero jamás hubo algún señalamiento.
Mejor la religiosa resultó reprimida por su congregación.
También está el caso de violación de menores en la casa-hogar Don Bosco en León, Guanajuato. El sacerdote encargado de los dormitorios, en 1994, confesó su culpabilidad, pero no hubo ninguna sanción.

¿Por qué las víctimas no denuncian?

¿Alguna vez ha platicado usted con personas que hayan sido víctimas de abusos sexuales por parte de un sacerdote?

No.

Estas personas tienen un daño más intenso que si hubieran sido violadas por cualquier otra persona. El sacerdote es visto como una figura paternal, como el representante de la divinidad, por lo que un abuso de esta índole genera una confusión ética brutal. Sienten vergüenza y temor. Además, los clérigos amenazan a sus víctimas con la excomunión, con agredir a los familiares, con no ofrecerles los sacramentos.

Hay un problema de autocensura...

Correcto. La mayoría de los mexicanos son católicos y se les inculca la idea de que criticar a la Iglesia es atacar a la identidad y la cultura. Lo que no saben es que, al querer proteger su fe, lo que están haciendo es encubrir a un delincuente y poniendo en situación de vulnerabilidad a cientos de potenciales víctimas. Es más: ni los medios se atreven a denunciar estos actos. Los obispos tienen tal influencia en los círculos políticos y empresariales que son capaces montar un boicot de publicidad.

¿Piensa que un celibato opcional resolvería el problema de los abusos sexuales?

Es difícil saberlo. Está tan arraigada la cultura del encubrimiento que muy probablemente estas prácticas seguirían. Hay que señalar que no sólo está el caso de la pedofilia. También hay casos de seducción hacia clérigos de menor jerarquía que permanecen ocultos por la idea de que el cura es representante de la divinidad. Puede sonar duro, pero tanto los feligreses como los seminaristas están dominados por una obediencia servil que los hace callar. De este modo, la Iglesia se ha convertido en un espacio idóneo para la impunidad: los violadores tienen fuero y protección por parte de la jerarquía.

¿Protección deliberada?

Yo pienso que en nuestra transición democrática hay una área que no está sujeta al escrutinio público: la Iglesia. Se cuestiona la corrupción, los partidos, el Ejército, los derechos humanos. Sólo falta la intimidad de la Iglesia. Aquí es donde debe haber una acción de la sociedad civil y los medios de comunicación para denunciar estos delitos. La jerarquía católica es quizá la única institución que constantemente pide transparencia a otras instituciones, pero que no ha querido dar cuenta de los abusos que se cometen en su interior.